La Defensoría del Pueblo bonaerense le reclamó al gobierno nacional que deje sin efecto la aplicación del decreto que quita los subsidios a los servicios de luz y gas a las y los usuarios de ingresos bajos y medios, lo que implicaría un marcado incremento en las boletas.
“Es una medida que provoca que miles de usuarios y usuarias caigan en lo que se llama pobreza energética, ya que quedan totalmente desamparados a la hora de pagar las facturas, lo que en un contexto de crisis y aumentos generalizados es la peor situación posible”, advirtió el defensor del Pueblo, Guido Lorenzino.
En su reclamo, el organismo también le solicitó a la Secretaría de Energía de Nación que informe la cantidad de usuarios y usuarias que serían alcanzados por este esquema, que nivela desde junio a los de ingresos bajos y medios (N2 y N4) con los de ingresos altos (N1).
“Entendemos la realidad del sistema energético, pero siempre pedimos que las tarifas sean racionales y proporcionales para que las personas no sean la única variable de ajuste, sobre todo en un contexto en que la economía familiar está en jaque”, argumentó Lorenzino.