El Gobierno destinará más fondos a subsidiar la exención impositiva del Poder Judicial en 2025 que la proyección de financiamiento universitario que vetará la administración de La Libertad Avanza y que profundiza el congelamiento salarial de los profesionales de la educación pública. Esta semana se espera que la Marcha Federal Universitaria sea masiva, donde docentes, no docentes, rectores y estudiantes de las universidades nacionales de todo el país saldrán a las calles en reclamo de, entre otras cosas, mejoras salariales para los trabajadores. Desde que comenzó la gestión de Javier Milei, los sueldos de este sector perdieron más de un 60% contra la inflación que mide el Indec.
El financiamiento de las universidades nacionales que planea vetar el Gobierno tenía un costo fiscal estimado en 0,14% del Producto Interno Bruto, unos 738.595 millones de pesos, según los cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC). En comparación, las exenciones de los ingresos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial nacional y provincial están estimadas en 767.000 millones de pesos (0,10% del PBI) en 2025.
No es la única vía de financiamiento posible, ya que el Gobierno fijó sus prioridades presupuestarias de cara al próximo año, las cuales dejan olvidada a la educación universitaria. Por el total de los gastos tributarios vinculados a exenciones o rebajas impositivas, el Estado dejaría de recaudar el próximo año cerca 23,7 billones de pesos. Es decir, el 3,10% del PBI.