En línea con los compromisos asumidos ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Gobierno avanzará en la eliminación de subsidios a las tarifas de luz y gas, un ajuste que afectará principalmente a los sectores de ingresos medios. El objetivo es reducir el gasto público y desregular el sistema energético, reemplazando el actual esquema de segmentación por uno focalizado exclusivamente en hogares vulnerables.
Según el plan, alrededor de 3 millones de usuarios de clase media perderán los subsidios en la tarifa eléctrica, lo que se traducirá en aumentos significativos en sus facturas. La transición será gradual, bajo la supervisión de la Secretaría de Energía, a cargo de María Carmen Tettamanti, que ya viene aplicando recortes progresivos en los descuentos aplicados a los consumidores.
Cómo funciona el sistema actual
Hasta diciembre de 2024, los usuarios residenciales estaban divididos en tres categorías:
- Nivel 1 (altos ingresos): Sin subsidios.
- Nivel 2 (bajos ingresos): Con subsidios completos.
- Nivel 3 (ingresos medios): Con subsidios parciales.
De los 16,2 millones de usuarios de electricidad, 9,5 millones recibían algún tipo de ayuda (6,3 millones del Nivel 2 y 3,2 millones del Nivel 3). En gas, de 9,5 millones de consumidores, 5,3 millones tenían subsidios (3,1 millones del Nivel 2 y 2,2 millones del Nivel 3), según datos del Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE).
El impacto de las subas y las metas con el FMI
Desde la asunción del actual Gobierno, en diciembre de 2023, las tarifas de electricidad ya acumulan un aumento del 264%, mientras que el gas se encareció un 622%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios de la UBA-Conicet.
El acuerdo con el FMI establece que el gasto en subsidios energéticos debe pasar del 1,1% del PBI en 2024 al 0,5% en 2025. Además, para noviembre de este año, el Gobierno deberá avanzar en una reforma del mercado eléctrico mayorista, buscando mayor competencia y alivio fiscal.
En ese marco, la Secretaría de Energía emitió la Resolución 21/2025, que permite a las empresas del sector celebrar contratos sin intermediación de CAMMESA, recuperando un esquema de libre contratación.
Esta medida profundizará el ajuste en los bolsillos de la clase media, mientras el Ejecutivo busca cumplir con las exigencias del organismo crediticio internacional.